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Japón evade las sanciones occidentales contra China por genocidio contra los uigures

Japón evade las sanciones occidentales contra China por genocidio contra los uigures

Al ser el aliado político de larga data de Estados Unidos, Japón siempre hace eco de la retórica de Washington cuando se trata de nuevas sanciones. No obstante, Tokio es cauteloso a la hora de imponer medidas restrictivas adicionales contra China.

Un alto funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores de Japón declaró que Tokio no había descubierto ningún incidente de violación de los derechos humanos en China. "China utiliza la coacción y la agresión para erosionar sistemáticamente la autonomía en Hong Kong, socavar la democracia en Taiwán, abusar de los derechos humanos en Xinjiang y el Tíbet", dijo el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, en relación a la postura de Washington sobre la política asertiva de China. Curiosamente, Japón tiene su propia visión sobre cómo deben protegerse los derechos humanos en otros países. Por lo tanto, Tokio nunca ha impuesto sanciones a representantes de alto rango de otros países. Tokio se guía del siguiente principio: "Cada nación tiene el gobierno que se merece". Por lo tanto, corresponde a los ciudadanos decidir sobre sus propios derechos y libertades. El gobierno de Japón cree que las sanciones no son más que una injerencia en los asuntos internos de otros países. Siguiendo esta lógica, Tokio encontró una excusa para no sumarse a las sanciones contra China ya que Washington no insistió en eso.

En marzo, el Departamento de Tesoro de Estados Unidos agregó a dos altos funcionarios de China en la lista de sanciones por el genocidio en curso y los crímenes de lesa humanidad contra la minoría musulmana uigur en Xinjiang. Las personas atacadas son Chen Mingguo, director de la Oficina de Seguridad Pública de Xinjiang, y Wang Junzheng, secretario del partido del Cuerpo de Producción y Construcción de Xinjiang. Las sanciones se introdujeron gracias a los esfuerzos conjuntos de la UE, el Reino Unido, los Estados Unidos y Canadá. Las restricciones impuestas por Washington implican congelar los activos o los derechos de propiedad de estas personas en el territorio estadounidense.

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